El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas protagonizaron en la Argentina un nuevo golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Esta dictadura no fue una más de las acontecidas en América Latina en el siglo XX. Nuestro sistema de gobierno, basado en la Constitución Nacional, fue arrasado. Se disolvió el Congreso, se impidió el funcionamiento de los partidos políticos, se prohibió la actividad sindical, se anuló la expresión de libertad y se suspendieron las garantías constitucionales de todos los ciudadanos de la Nación.
Desde 1976 hasta 1983, el Estado argentino se valió de un aparato represivo para llevar adelante una persecución que culminó con la desaparición sistemática y forzada de miles de personas. Para ello se utilizó la fuerza pública estatal de manera ilegal y se instalaron más de 600 centros clandestinos de detención, muchos de los cuales funcionaban en instituciones públicas, como comisarías, escuelas y hospitales, ubicados en zonas urbanas.
Los organismos de Derechos Humanos vienen, incluso desde los años de la dictadura, luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Desde la llegada de la democracia, comenzó un largo proceso de justicia que se extiende hasta nuestros días, ya que aún hoy siguen siendo juzgados muchos de los responsables de aquellos delitos, que no preescriben por ser delitos de «lesa humanidad». Por otro lado, la búsqueda de memoria, verdad y justicia también se despliega en el terreno simbólico, en la búsqueda de un lenguaje para narrar lo que pasó, para poder «representar lo irrepresentable». Trabajar con «lugares de la memoria» es una forma de asomarse a esta búsqueda.